Me dijo D. Julián Marías, en una
de las reuniones de Los Amigos de Julián Marías en el Parador de Chinchón, que
el filósofo debe reflexionar sobre los temas de la actualidad social, siendo
ese pensamiento uno de los motivos por los que se interesaba por el cine y
escribía críticas de películas. Ese pensamiento ha contribuido a mantenerme
motivado y comprometido con la defensa de los cooperativistas del proyecto
Metropólitan, pero estoy deseando que el asunto llegue a buen fin para
"dejar la política". Mi ámbito profesional han sido la empresa y la
academia, donde lo que cuenta es la calidad del servicio al usuario. He
descubierto que en política la atención "al cliente-súbdito" no existe, su
misión es pagar impuestos y resignarse a lo que le impongan, no el reclamar un
buen servicio. No importa tampoco ni tiene buena acogida la racionalidad ni
está bien vista la verdad. Actitud que parecen practicar tanto los de la casta
como los descastados. Para la mayoría de los políticos, lo fundamental son los fines y, en el más puro maquiavelismo, si ocultar la verdad e
ignorar las razones mejor fundadas contribuye al logro de los fines, se oculta
y se ignoran. La opinión prevalece sobre el argumento, los intereses sobre los derechos y los intereses de los políticos sobre los de los ciudadanos. Los ediles madrileños han dejado claro que su objetivo sobre el
Metropólitan es paralizar el proyecto a toda costa, vaya usted a saber por qué.
Para ello se inventó que los talleres de reparación y cocheras de Cuatro
Caminos habían sido diseñados por el arquitecto Palacios y había que
declararlas Bien de Interés Cultural. El argumento se basaba en que Palacios
había sido arquitecto de Metro, efectivamente, está documentado que fue él
quien diseño el rómbico anagrama de la compañía, diseñó las primeras estaciones
y el templete del ascensor que desmontaron de Gran Vía y alguna cosa más pero,
como se demuestra en la documentación existente en los archivos documentales de
la empresa, los talleres fueron obra del ingeniero de caminos D.
José Valentí de Dorda. Como no podía ser menos, ya que sólo los
ingenieros de caminos podían actuar en temas ferroviarios. Afortunadamente,
como decía don José Ortega, quien ignora la verdad termina tropezando con la
realidad.
Al rompérseles el primer palo que
ponen entre los radios de las ruedas del proyecto, recurren a decir que el
soterramiento previsto para las cocheras no cumple el APR, cuando:
-En el Protocolo de Colaboración suscrito en marzo de 2010 entre el Ayuntamiento de Madrid y Metro de Madrid, S.A, sobre los ámbitos APR.07.02 las partes se comprometen a promover en todos los ámbitos afectados alternativas de ordenación urbanística equilibradas y sostenibles, ajustadas, entre otros, al siguiente principio y condición:
"La ordenación resultante, que implicará la desaparición en
superficie de las cocheras e instalaciones anexas, y en su caso su
soterramiento, deberá satisfacer las
necesidades de espacio requeridas por Metro garantizando los niveles de
prestación del servicio público de transporte que le ha sido encomendado,
atendiendo a las presentes y futuras necesidades de movilidad madrileña. Por
lo que c) todas las actuaciones que sigan
quedarán siempre sometidas al respeto del interés público de la correcta
prestación del servicio de transporte madrileño."
-En
la Modificación puntual aprobada por Consejo de Gobierno de 26 de junio de
2014, se observa como el soterramiento de la cochera es parcial,
asomando parcialmente, se sabía perfectamente que la cota de la
Plataforma de la zona verde estaría, al menos, en la cota 707.
-Hay
antecedentes de otros soterramientos en los que el techo de lo soterrado
sobresale sobre la rasante de la calle, como el aparcamiento de Santo
Domingo, o el parque del Canal de Isabel II.
-Hay un informe técnico de la Comunidad de Madrid, firmado por
D. Dav¡d González Herrero
El Jefe del Área de Planeamiento y Control de Madrid
Capital y Metropolitano 1
D. Tomás Redondo Carrera
EL JEFE DE NORMATIVA Y RÉGIMEN JURÍDICO
D. Rafael Lleonart Torán
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE URBANISMO
D. Beatriz Lobón Cerviá
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE NORMATIVA URBANÍSTICA
Que demuestra y concluye que SÍ cumple
Parar el proyecto es paralizar las necesarias obras de modernización de los talleres de Cuatro Caminos, razón por la que se inició el proyecto Metropólitan. Esas cocheras tiene un siglo de antigüedad. Se diseñaron para atender el servicio de unos pocos trenes, puede que cuatro o cinco, que daban servicio a una línea con ocho estaciones. En la actualidad, me decía un ingeniero de los talleres, los talleres no solo están obsoletos e infradimensionados, sino que se ven forzados a trabajar como en la Fórmula 1, ya que entre el momento en el que cada día sale de la red el último convoy y vuelve a entrar el primero al día siguiente, cuentan con menos de dos horas para revisar todas las locomotoras, todos los vagones, todos los kilómetros de vías y reparar las incidencias encontradas. Está en juego la fiabilidad y seguridad del servicio. Así como la seguridad en el trabajo de los mecánicos de Metro. Temas que los políticos empeñados en paralizar el proyecto no quieren ni plantearse.
Adicionalmente, al no contar
Metro con medios para financiar la obra, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y
Metro acordaron sacar a concurso público la venta de los terrenos, con la
condición de que el comprador cedería el uso de las actuales cocheras en tanto
no se realizasen las obras y ejecutaría su modernización y soterramiento para dejar un parque público sobre las mismas. Y, a cambio, podría
construir un determinado volumen de viviendas.
Como consecuencia, la
paralización de la licencia de obras supone que los 443 cooperativistas que
compraron el terreno de buena fe, en base a los derechos de contracción
asignados por las autoridades locales a ese terreno, se encuentran con el
dinero pagado para la compra del mismo paralizado y sin esperanza de poner
llegar a construir sus viviendas. Visto en retrospectiva, fue un enorme error
de cálculo político paralizar a la cooperativa, ya que no se trataba de los
derechos de un inversor chino, ni de los derechos de un consorcio de una
entidad bancaria con inversores inmobiliarios, se trataba de padres y madres de
familia, predominantemente jóvenes, con quienes la mayoría de la población
votante de identifica. Los damnificados por el dislate de decisión tomada eran
gente normal, "de la calle", con quienes cualquiera que llegase a conocer
los hechos, por mucho que se intentasen deformar, se identificaba y, además,
con una mayoría de profesionales muy preparados, integrada por juristas, economistas, ingenieros,
arquitectos, periodistas e incluso algún político, dominadores de las técnicas de las redes
sociales y capaces de organizarse en poco tiempo. Formaron un competente Consejo Legal que rápidamente identificó y enumeró qué demandas se podrían poner al Ayuntamientos y a qué personas se las podría demandar por prevaricación. En cuestión de días, su
clamor fue generando titulares y los políticos más inteligentes vieron que el
error al que habían sido inducidos y descarriados por los más empecinados en el
camino ideológico no llevaba a la gloria. No obstante, no faltaban quienes se
aferraban a no enmendarla y persistir en lograr sus turbios objetivos caiga
quien caiga. Las voces de "cuidado que hay familias enteras en la
vía" eran contestadas por el arrogante maquinista que conducía la
paralización del proyecto con un "pues que se aparten, que yo no freno".
En esta crónica rápida sobre este
proceso kafkaiano, no puede dejar de
citarse la frase dicha en público por un alto cargo del urbanismo municipal,
que ante una referencia a la ley, por parte de uno de los afectados, contestó:
"La democracia está por encima de la Ley" añadiendo que él, como había sido elegido democráticamente, podía hacer lo que quisiera, diga la
ley lo que diga. Habría que conservar la frase para la memoria histórica,
incluso podrían encabezarse con ella los manuales de una nueva asignatura, la psiquiatría política, mostrando hasta
que punto el maquiavelismo de perseguir ciegamente los objetivos marcados por
razones políticas pueden llegar a invertir los valores morales. Supongo que, cuando la democracia le deje en minoría, tampoco valorará la democracia.
Resulta evidente y a todas luces
que el análisis de Hannah Arendt encontra un ejemplo paradigmático en las
actuaciones políticas de los estamentos municipales. Quienes allí toman
decisiones administrativas se mostraban inconscientes del dolor y sufrimiento
que causaban a quienes sufrían en su carne las consecuencias de sus aberrantes y, en casos como éste, injustas decisiones.
La banalización del mal no había muerto con Eichman, su espíritu regia el
quehacer político de los responsables municipales de la capital del Reino.
Tampoco se consideraban los 1.800 puestos de trabajo que se perdían en una
ciudad en paro por caprichos y arbitrariedades coyunturales, ni la posibilidad
de rescatar al pequeño comercio de la zona, que no dejaba de ir cerrando, aquí
y allá, establecimientos por falta de una demanda que los nuevos vecinos del
Metropólitan aportarían, ni importaban las recomendaciones que el debate
europeo de los últimos años había extraído para el urbanismo del acuerdo de
Kyoto: sumideros de CO2, construcción en altura de la edificabilidad disponible
sobre un suelo para liberar espacio en superficie para parques y reducir las
necesidades de transporte horizontal, edificios con terrazas ajardinadas...ni
importaban las superficies cedidas al Ayuntamiento para construir dotaciones y
servicios públicos: bibliotecas con amplias salas de lectura, no como la vieja
biblioteca que hay en Raymundo Fernández Villaverde de la que soy socio desde
1949; centros para mayores, guarderías...tampoco importaba que el sólido e
infranqueable muro que rodea los talleres de Metro para protegerlos de accesos
no autorizados y proteger al viandante de la visión de tan deprimente escenario
caería con las obras para hacer permeable al tráfico la zona. Ni que los vecinos, perturbados durante décadas, noche a noche, por el ir y venir de noctámbulos trenes, pudiesen disfrutar de sueños apacibles tras las obras. Nada importa, el
objetivo es paralizar, lo que eso implique son daños colaterales a no
considerar.
Se puede asumir que quien habla de urbanismo
sostenido desconozca las conclusiones de Kyoto, que no tengan un ejemplar de la
RAE para consultar el significado de desahucio
o de prevaricar, que ignoren la
vigencia del Articulo 404 del Código Penal, que desconozcan el Principio de
Buena Fe y Esperanza Legítima, que desconozcan que todos estamos sometidos a la
ley, incluidos los políticos electos; que ignoren lo que significa estado de derecho, pero es imperdonable que no hayan leído a Shakespeare.
No se puede ignorar el siempre presente factor humano. Es
impredecible pero no siempre. Era de esperar que el
colectivo de las 443 familias, con más de 1.500 miembros, reaccionase como Shakespeare recuerda en el mercader de Venecia, es natural que ocurra en estos
casos, ya que, los seres humanos,
"Si nos pinchan, ¿acaso no sangramos? Si nos hacen cosquillas, ¿acaso no reímos? Si nos envenenan, ¿acaso no morimos? Y si nos agravian, ¿no debemos vengarnos? Si nos parecemos en todo lo demás, nos pareceremos también en eso"
Y las 443 familias e sintieron agraviadas
Y los políticos sensatos reaccionaron
