La deuda española

Con una deuda de 856 mil millones (el 79,8% del PIB) y unos intereses de 29 mil millones anuales (el 2,7% del PIB) un PIB de 1.073 mil millones de euros, tenemos una carga financiera que gravita sobre el futuro económico de la nación y condiciona el éxito de las medidas que pueda tomar el Gobierno para salir de la crisis.

Habría que rebajar la deuda al 60% del PIB, como exigen los criterios de convergencia del euro, lo que supone reducir la deuda a 644 mil millones. Eso requiere amortizar deuda por 212 mil millones y hacerlo cuanto antes. El efecto inmediato de lograrlo sería la drástica reducción de los intereses a pagar, dado que, junto al principal, también se lograría una notable reducción de los tipos de interés de la deuda remanente. Dependiendo de cómo evolucionasen los tipos de interés, la amortización de esos 212 mil millones de deudas supondría un ahorro de unos 10 mil millones de intereses anuales que contribuirían a reducir el déficit público, pero, sobre todo, nos granjearía la confianza de los mercados y nos permitiría centrarnos en una política económica expansiva que nos recolocaría en el camino del crecimiento.

¿De donde sacar esos 212 mil millones de euros? Se me ocurren dos fuentes de ingresos que no supongan trabas adicionales al tan necesario crecimiento económico:

-Un reparto de beneficios del Banco Central Europeo entre los estados miembros

-Privatizar empresas públicas y vender activos públicos

*El reglamento del Banco Central Europeo le fija el objetivo de defender la estabilidad del euro pero descarta los estímulos monetarios de la actividad económica. Sin embargo, seria posible ayudar a los estados miembros mediante el reparto de dividendos. El reparto que propongo haga el BCE seria con cargo a las plusvalías obtenidas por las ventas de las 30 toneladas de las reservas de oro que vendió en 2008 y los beneficios proporcionados por sus inversiones en deuda soberana unos 220 mil millones de euros invertidos.

España participa con el 8,3 % en el capital del BCE, por lo que nos tocaría el 0,085 del reparto. Tendría que ser una cifra importante la que se distribuya para que nos fuese significativa de cara a nuestras necesidades.

*El capitulo de privatizaciones debiera considerar en primer lugar las empresas públicas, tanto estatales como las empresas públicas propiedad de las Comunidades autónomas o de los ayuntamientos, al parecer, existen en España nada menos que 2.381 empresas publicas, 613 fundaciones y 1029 consorcios públicos a los que habría que añadir todo tipo de activos: inmuebles, terrenos, obras de arte…

Los datos que siguen han sido obtenidos a través de INTERNET de diversas fuentes, en un ejercicio de copiar y pegar. “Se estima que son unas 200 las empresas dependientes del Estado, directa o indirectamente. Al indagar sobre las empresas públicas estatales encontramos, por ejemplo, las siguientes: el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), RTVE, Paradores de Turismo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Correos y Telégrafos, Loterías, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI (propietaria de, Navantia, Agencia EFE, …)

Entre las participadas por la SEPI nos encontramos con:

AGENCIA EFE
Comunicación
ALIMENTOS Y ACEITES
Administración de cartera
CETARSA
Tabaco
CORPORACION RTVE
Comunicación
EADS, NV
Aerospacial
ENAGAS
Energía
ENRESA
Gestión de Residuos Radioactivos
ENTE RTVE
Comunicación
FUNDACIÓN LABORAL
Fundación
FUNDACIÓN SEPI
GRUPO COFIVACASA
Gestión de Participadas
GRUPO DEFEX
Defensa y seguridad
GRUPO ENSA
Bienes de Equipo
GRUPO ENUSA
Energía
GRUPO HUNOSA
Minería
GRUPO IZAR
Construcción Naval Civil
GRUPO MERCASA
Distribución alimentaria
GRUPO NAVANTIA
Construcción naval
GRUPO SEPIDES
Promoción de Inversiones y gestión inmobiliaria
GRUPO TRAGSA
Transformación agraria y medio ambiente
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
Ocio
HISPASAT
Telecomunicaciones
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
Transporte Aereo
MAYASA
Minería
RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN
Energía
SAECA
Finanzas
SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑOLA P4R
Comercio Exterior
RENFE


Entre los activos de las Comunidades Autonomas y los Municipios hay que destacar las Televisones Públicas locales, las empresas de transportes urbanos y las redes de distribución de aguas.

El valor de las participadas por la Sepi cotizadas en bolsa, en función del importe de esas participaciones encontramos: Las participaciones en el grupo aeronáutico europeo EADS (5,48%), Enagás (5%), Iberia (5,16%), Ebro (8,65%), y Red Eléctrica Española (20%), cuyo valor global –lejos de los máximos de los años de bonanza- asciende a 1.714 millones de euros, a cierre de la cotización bursátil del pasado viernes. En el caso del grupo eléctrico, la valoración tomada sólo tiene en cuenta la mitad de la participación de Sepi (10%), ya que la ley obliga al Gobierno a mantener un 10% del capital de REE.

Otras cinco sociedades más (Enusa, Ensa, Defex, Cetarsa y el Hipódromo de la Zarzuela), que el grupo presidido por Enrique Martínez Robles incluye bajo el epígrafe de Empresas orientadas a mercados competitivos, en su Memoria 2009. El valor de estas compañías, tomando un PER 7 sobre su beneficio anual bruto de explotación (ebitda) –un valor medio en las transacciones corporativas en España en los últimos tres años–, y restando su deuda, superaría los 150 millones .

Sepi considera de interés público u instrumentales de promoción y desarrollo, que serían las más difíciles de vender a manos privadas, por su carácter social. Éste es el caso de la empresa de transformaciones agrarias Tragsa, Mercasa (que agrupa las participaciones en mercados de abastos nacionales), Saeca, Agencia Efe o Infoinvest, cuyo valor conjunto –discriminando entre aquellas que están en pérdidas de las que son rentables– superaría los 500 millones de euros.

Por último, la sociedad dependiente del Gobierno está presente en RTVE (45,68% del capital), participación que valora en libros en 547,1 millones de euros, e Hispasat, entre otras. En el caso del operador de satélites, líder en el mercado de habla hispana, su participación del 7,41% se habría revalorizado hasta los 100 millones, teniendo en cuenta el múltiplo al que cotizan empresas comparables como Eutelsat.

Se estima que las participaciones industriales residuales de Sepi podrían alcanzar un valor de algo más de 3.000 millones de euros. Con lo que a duras penas llegamos a reunir 5.000 millones de euros de los 200.000 mil que necesitarímos.

Por el lado del pasivo, la deuda de las empresas públicas españolas ascendió a cierre de 2011 a 55.865 millones de euros, casi 3.000 millones más que hace un año, según los últimos datos publicados hoy por el Banco de España.

Las empresas públicas andaluzas adeudaban 714 millones de euros; Baleares, 666 millones; País Vasco, 601 millones. Bajo este escalón están Aragón (477 millones; Castilla y León, con 410 millones y Castilla-La Mancha (378 millones). Asturias adeudaba 321 millones y Galicia, 232.

En virtud de los datos aportados, el 16 de marzo de 2012, por el Banco de España, la deuda global de las empresas públicas españolas, (de titularidad estatal, autonómica y local), a finales del ejercicio 2011, ascendía a 55.865 millones de euros, el 5,2% del PIB.

El Gobierno aprobó, el 16 de marzo de 2012, el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial. El mismo afectará, vía liquidaciones, desinversiones, reducción de participaciones, etc., a alrededor de 80 empresas públicas estatales y 9 fundaciones.

Como ya hemos señalado, existen en España nada menos que 2.381 empresas publicas, 613 fundaciones y 1029 consorcios públicos, que acumulan una deuda cercana a los 60.000 millones de euros, el triple que hace tres años.

El ejercicio de 2012 refleja un resultado conjunto de las entidades públicas no financieras de 1.826,68 millones de euros, lo que supone un descenso del 5,1% con respecto a las estimaciones de los Presupuestos del ejercicio anterior. El volumen global de ingresos también se verá afectado. Se situará en 26.034 millones de euros, un 5% menos.

Loterías logrará el mayor beneficio entre las compañías públicas, con un resultado neto de 1.895,67 millones de euros.

El ejercicio 2012 presenciará dos hitos importantes. AENA Aeropuertos —otra de las empresas cuyo proceso de privatización acabó frustrado— y Renfe Operadora abandonarán los números rojos. El gestor aeroportuario ganará 4,5 millones de euros, frente a las pérdidas de 26,6 millones de de 2011, a pesar de la reducción del tráfico de pasajeros en los dos primeros meses del año.

Por primera vez en su historia, Renfe presentará un resultado positivo, gracias al empuje de la alta velocidad. El beneficio previsto ascenderá a 66,8 millones de euros, frente a las pérdidas estimadas de 100,43 millones de euros para el año pasado.

Adif y Correos y Telégrafos son las dos compañías que más lastrarán los resultados de las empresas públicas. La primera presentará unos números rojos de 295,42 millones de euros, mientras que la segunda registrará un resultado negativo de 165 millones. El resto de las compañías ha logrado mantenerse en beneficios.

La segunda compañía que más aportará es Puertos del Estado, con 128 millones de euros, lo que supone un descenso del 46% con respecto a la previsión de 2011.

Por su parte, El endeudamiento global estimado de las sociedades públicas empresariales no financieras —con la suma de las partidas de deuda a corto y largo plazo y excluidas las deudas de las subvenciones pendientes de imputar—ascenderá a 59.893 millones de euros este ejercicio”.

Asumiendo y resumiendo los datos anteriores, el conjunto de las sociedades públicas, proporcionan unos ingresos de 26.034 millones de euros anuales y acumulan deudas por 59.893 millones de euros.

En principio, si los datos son ciertos, podria haber margen para amortizar la deuda prevista, incluso vendiendo solo la mitad a un PER 7, el problema va a ser el precio de venta. Vender activos rentables para amortizar deuda que nos financia al 5%, supone que habría que vender esos activos a un PER de 20, algo impensable cuando en bolsa nos encontramos muchos valores con el PER inferior al 7 y casi ninguno con uno superior al 15. Posiblemente estaría justificada la venta de alguna empresa a PER inferior al teórico deseable, si con eso se consigue contribuir a relajar los tipos de interés aplicados a la deuda pendiente y el ahorro en intereses totales compensa la rebaja en el precio de venta.

Lo que si va a resultar rentable es deshacernos de empresas cuyas pérdidas no hacen más que incrementar nuestra deuda. Habría que analizar si el servicio que prestan esas empresas justifica el coste que acarrea mantenerlas activas, un análisis caso a caso sacará a la luz una lista de empresas claramente prescindibles con la que frenar el incremento de esos 59.893 millones de euros de deudas.

Otra consideración a la hora de privatizar empresas públicas es considerar si la necesidad pública del servicio prestado aconseja no perder el control público, en cuyo caso, no debiera privatizarse más del 49% del capital.

Queda abierta la puerta a identificar otros activos públicos que pudiesen ser vendidos, preferentemente inmuebles, una desamortización laica que nos aporte la tan necesaria liquidez que nos permita amortizar buena parte de la deuda. Que sean inmuebles tiene la ventaja de que si los compran extranjeros, no saldrían del país, cosa que no se puede garantizar si lo que vendemos son obras de arte.

Por el buen camino

Dignas y justan son las medidas anunciadas por el Gobierno para contrarrestar la crisis, pero sobre todo, son económicamente acertadas. Resultaba kafkaiano que cualquier interlocutor, fuese taxista, portero, vendedor de periódicos o abogado, tuviese las ideas más claras que el Gobierno sobre lo que procedía hacer en materia económica para salir de la crisis.

Afortunadamente, siguiendo la trayectoria emprendida con las medidas del plan de austeridad de Davos, la reforma laboral de febrero y el paquete de mayo tras la reunión del ECOFIN, parece que el Gobierno no solo ha tomado nota de la calle y de sus socios comunitarios, sino que toma la delantera y se anticipa con nuevas medidas, todas ellas en la buena dirección, y repara injusticias pendientes, como la obligatoriedad de contribuir a los gastos de las Cámaras de Comercio como impuesto obligatorio, recaudado por los servicios de la Hacienda Pública, de empresas que no recibían ningún servicio de las Cámaras, e incluso algunas eran competidoras de ellas en algún aspecto, pues, por ejemplo, daban cursos a ejecutivos compitiendo con los de las Cámaras.

Muy acertado, en las circunstancias en las que estamos, privatizar empresas públicas para amortizar deuda. Dedicar los fondos de las privatizaciones a más gastos hubiese sido nefasto, pero la amortización de deuda debe ser la prioridad de toda privatización y así se hace en las medidas tomadas. Entre el paro y la deuda, hay que dar prioridad al estímulo de la economía para generar empleo, pero, al haberse deteriorado la deuda a niveles donde resulta casi imposible renovarla, solo queda refinanciarla con privatizaciones.

Acertadas también las rebajas fiscales a las PYMES. No vendría de más eliminar el pago anticipado del IVA de las facturas pendientes de cobro, máxime, cuando muchas de esas facturas terminan en fallidos. No ya por las positivas repercusiones en la liquidez de las PYMES (y de las grandes), sino por lo injusto del procedimiento.

El acierto al facilitar los tramites para crear empresas es tan evidente que no precisa comentario. Serán los parados más emprendedores quienes más se beneficiaran de esta mediada. Conozco personalmente a más de uno que, con el dinero de la indemnización de su despido, está pensando en montar su propia empresa y se desespera. Por cierto, esperemos que la agilización de la tramitación de las licencias municipales de apertura entre en el paquete.

Y el quitar los 426 euros estimulara a los más perezosos a buscar empleo o tomar iniciativas de autoempleo. A la vez, convencerá a algún emigrante en paro, que vive mejor en España con los 426 euros que en su país trabajando, a regresar a su país. En ambos casos, la medida, a la par que reduce el gasto público, ayudarña a reducir el paro.

Fomentar la actividad de las agencias de colocación y potenciar los servicios de asesoramiento público de empleo son medidas que no admiten reparos en la lucha contra el paro.

Adicionalmente, esperemos que la anunciada y esperada racionalización del Sector público y la reducción de altos cargos se lleven a cabo con prontitud y profundidad, así como las reformas pendientes de la contratación laboral y las pensiones.

Es cierto que, como dijo el Sr. Montoro en el Congreso, el plan es “insuficiente y tardío”, pero es acertado y debiera ser eficaz. Esperemos que la oposición deje de jugar al “que propones que me opongo” y apoyen las medidas del gobierno cuando son acertadas, con independencia de que sean incompletas y tardías, acelerando la puesta en marcha de las reformas necesarias y buscando acuerdos para resolver, entre todos, asuntos pendientes vitales, como una reforma del estado de las autonomías, eliminando redundancias y gastos innecesarios en aras de la eficacia del sistema, un plan energético que asuma la energía nuclear de nueva generación, es decir: segura, revisar la ley de financiación de los partidos políticos y la contención de sus gastos, junto con el establecimiento de medidas anticorrupción eficaces.