Consideraciones económicas sobre
las cocheras de Cuatro Caminos
Toda inversión tiene unos
ingresos y unos costes. Desde un punto de vista meramente económico, la única
consideración para valorar un proyecto es su rentabilidad. Anular el proyecto
Metropólitan supondría tener que devolver a los cooperativistas los 90 millones
de euros que han invertido en el solar, más los costes de gestión, promoción y
comercialización de la operación, que no deben de ser bajos, más los gastos
financieros, más los intereses de demora, más los costes de oportunidad, e
indemnizarlos por daños y perjuicios, los costes jurídicos en que habrá que
incurrir, pues es de esperar que los cooperativistas reclamen ante los
tribunales. Se nos podría poner a la broma en un pico para las arcas públicas,
que tendremos que financiar los contribuyentes.
Entre el Ayuntamiento y el Metro,
el contribuyente al fin de cuentas, tendrían que asumir, además, los costes de
urbanizar la zona, de soterrar y construir los talleres nuevos, enterrar la
subestación eléctrica, hacer un túnel que conecte la nuevas cocheras con la
Línea 1 del Metro, reparar y equipar las viejas cocheras, crear el parque,
gestionar la operación más lo que ahora no soy yo capaz de prever y, pongamos,
un 15% de imprevistos, como sorpresas en el subsuelo o tareas complementarias y
modificados que puedan surgir durante las obras. Mas los gastos anuales de
mantenimiento y gestión de las viejas cocheras, junto con el cuidado del
parque.
Por parte de los ingresos, se dejarán
de ingresar los, calculando a ojo, unos 450.000€ de ingresos anuales por IBI a
lo largo de, al menos, los próximos 100 años como periodo razonable de vida
operativa para el conjunto, antes de que una nueva raza de políticos se percate
de que lo mejor que puede hacer en demoler las cocheras, entierren sus restos y
desentierren el proyecto Metropólitan.
A grosso modo, la operación bien pudiera tener un coste para los
contribuyentes de unos cientos de millones de euros. Claro está, si hacemos un
balance social, en vez de meramente uno económico, habría que añadir el coste
social de privar de sus casas a esas 443 familias marginadas de toda consideración, cuyo
valor es incalculable. Más el coste político de una pésima gestión por parte de
la administración, que también es imponderable. Y los costes sociales de haber
perdido la oportunidad de rejuvenecer un barrio envejecido, difícil de
cuantificar, en sí y en sus repercusiones futuras.
La alternativa económica, en caso
de mantener el proyecto Metropólitan, sería dejar que corra la cooperativa con
todos los gastos de urbanizar la parcela, soterrar las cocheras, enterrar la
cancerigena subcentral eléctrica, ceder un terreno al Ayuntamiento para
dotaciones, crear un parque público dosde faltan zonas verdes, generar 1.800
puestos de trabajo, contribuir al pequeño comercio de la zona con una demanda
adicional de cerca de 2.000 personas y poner en las arcas municipales esos
450.000€ de impuestos al año, limpios de
polvo y paja.
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